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Instituciones buscan desarrollar mecanismos para asegurar población más vulnerable
Escrito el 09 may 2024
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Así lo informaron por separado la titular de la Superintendencia de Seguros, Josefa Castillo y el presidente ejecutivo de CADOAR, Franklin Glass, donde la primera especificó que este seguro, denominado “inclusivo”, viene a proteger pequeños negocios como una gomera, un salón, una fritura y hasta una pequeña casa o cualquier bien material que tenga una persona.
“El caso es que estamos hablando de un seguro que garantice una respuesta rápida ante una pérdida”, expresó Castillo, al tiempo que agregó que la República Dominicana está expuesta a muchos eventos catastróficos, “y esta es una manera de que este tipo de aseguramiento le llegue a las personas con menores posibilidades de financiamiento”.
Según un informe presentado la tarde de este miércoles por el PNUD, la República Dominicana cuenta con el escenario oportuno para avanzar hacia el diseño y puesta en marcha de una estrategia de financiamiento de riesgo que potencie su capacidad de respuesta ante los desastres causados por amenazas naturales y que proteja los avances asociados al desarrollo sostenible.
Agrega que en la actualidad, el país ya tiene medidas como la redistribución del presupuesto estatal, el acceso a créditos y la asistencia humanitaria para hacer frente a emergencias, sin embargo, para acontecimientos de gran gravedad, estos mecanismos resultan insuficientes, lo que supone una amenaza para las finanzas públicas y el crecimiento, aumentando así los riesgos del país.
El referido estudio, denominado “Seguros inclusivos y financiamiento de riesgos en la República Dominicana: panorama actual y perspectivas futuras”, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la Iniciativa de Financiamiento de Riesgos y Seguros (IRFF), apoyada por el gobierno de Alemania, busca proteger vidas, desarrollar resiliencia e impulsar el crecimiento económico inclusivo en 34 naciones, siendo la República Dominicana la primera en Centroamérica y el Caribe en implementar esta iniciativa.
El documento detalla que a pesar de los instrumentos existente que incluyen líneas de crédito, préstamos contingentes y una línea presupuestaria específica para emergencias públicas y acontecimientos de gran gravedad, “los actuales mecanismos de financiamiento son insuficientes, lo que supone una amenaza para las finanzas públicas y el crecimiento, aumentando los riesgos en el país”.
Además, indica que la falta de criterio oficial para clasificar los microseguros, dificulta la medición de su penetración, y precisa que varias aseguradoras ofrecen productos para el mercado de bajos ingresos, pero sólo una aseguradora tiene como principal mercado objetivo el segmento de bajos ingresos. El análisis identifica la informalidad y la baja bancarización, como parte de los desafíos para seguir desarrollando el mercado para los más vulnerables.
Según el diagnóstico elaborado por el Centro de Microseguros de Milliman, para apoyar el desarrollo de seguros inclusivos, las intervenciones deben incluir el desarrollo de un entorno legislativo y reglamentario propicio para los microseguros; la mejora de las ofertas de productos y distribución para las personas de bajos ingresos; la educación de los consumidores y la capacitación del mercado; y el desarrollo de una estrategia para los seguros agrícolas que genere eficiencia y competencia.
También recomienda que para mejorar el financiamiento del riesgo de desastres (DRF), sería útil intervenciones en: el apoyo a la creación de mecanismos y sistemas de coordinación de datos; aumentar la comprensión del riesgo fiscal ante desastres naturales; desarrollar una estrategia nacional de financiamiento de riesgos de desastres; proporcionar asistencia técnica para desarrollar la capacidad y el uso de los instrumentos de financiación de riesgos ex ante; e integrar a los actores locales para que desempeñen un papel más importante en la gestión de riesgo de desastre.
Algunos de los datos del país que contiene este diagnóstico indican que las inundaciones han afectado a más personas en la República Dominicana que cualquier otro peligro natural, afectando a 4.36 millones de personas entre 1980 y 2022 como resultado de 29 grandes desastres por inundaciones. Solo en 2016, tras cuatro semanas de fuertes lluvias entre octubre y noviembre, las inundaciones afectaron a 30,100 personas y causaron daños por valor de 4,390 millones de pesos dominicanos ($93.4 millones de dólares) en bienes y servicios públicos y privados.
