Durante 2019, las motos compartidas se vieron involucradas en un total de 804 siniestros. Esto quiere decir que, aproximadamente, uno de cada doce vehículos estuvo implicado en un incidente de tráfico. Aunque más del 80% de las personas que sufrieron estos siniestros solo requirieron atención sanitaria en el lugar de los hechos, se trata de un porcentaje elevado, es decir, 8 de cada 10 sufrieron lesiones, aunque estas fueron leves. De hecho, el estudio “La contribución del motosharing a la seguridad vial” revela que las motos de sharing ha tenido una siniestralidad 26 veces mayor que la media de todos los vehículos. Además, según un reciente estudio del RACC, el 19% de los usuarios de motosharing no había conducido antes una motocicleta o, dicho de otro modo, su experiencia con vehículos a motor de dos ruedas era nula.
En este escenario, este estudio aporta información relevante sobre los datos de uso de estos vehículos y el cumplimiento de algunas normas clave de seguridad por parte de los usuarios. Pero también aporta una visión constructiva y optimista, haciendo propuestas que permitan conseguir, en los próximos dos años, que la movilidad compartida sea el tipo de movilidad más segura de todas.
Este trabajo quiere destacar el gran número de buenas prácticas que han puesto en marcha las empresas que ya operan en España, pero, aun así, hay mucho trabajo por hacer.
Las empresas de movilidad compartida tienen un papel esencial en la seguridad. Además de comprometerse en supervisar el uso seguro de sus vehículos, en particular en relación a los límites de velocidad, pueden ayudar a sus clientes a ser conductores seguros. Por ejemplo, se puede monitorizar el comportamiento de los conductores (premiando a quienes hagan una conducción segura) y ofrecer cursos de mejora de la conducción, online o presenciales.
Una opción en la mejora de la seguridad es que los sistemas de “pago por tiempo” pasen a ser “pago por uso seguro”. Creemos que aquellos sistemas en los que únicamente se mide el tiempo de uso pueden traducirse en querer llegar lo antes posible al destino y eso puede ser peligroso. El pago por uso “seguro” puede incluir aspectos de la conducción como: respeto de los límites de velocidad, ausencia de giros, frenadas o acelerones bruscos, consumo de energía o conducción eficiente, etc.
Las empresas de motosharing también pueden mejorar el estado de los vehículos y garantizar un correcto mantenimiento y estado mecánico de los mismos: sólo con una reducida muestra de pruebas de uso de estos vehículos ha sido suficiente para comprobar la existencia de desperfectos (en tres de las cinco pruebas prácticas realizadas). Una buena práctica es que el usuario, antes de conducir, realice un pre-check de seguridad para detectar desperfectos o averías.
Además, las motos deberían estar equipadas con todas las tecnologías de seguridad disponibles en el mercado, por ejemplo, el ABS. Y otro aspecto en el que se puede mejorar es en el uso de cascos de la talla adecuada y protección integral.
Por último, las páginas web y las apps de las empresas de movilidad compartida deberían ofrecer mayores niveles de información sobre normas y legislación sobre el uso seguro de sus vehículos, incluidos tutoriales de conducción segura, pautas para familiarizarse con cada modelo, la selección y el ajuste correcto del casco…
Todas estas recomendaciones quizás podrían valorarse también en el caso de otras empresas de alquiler a largo plazo de vehículos, para flotas de vehículos, para cualquier tipo de licitaciones públicas de servicios de transporte o movilidad, etc.
Desde Fundación MAPFRE creemos que la oportunidad es grande y, usando una expresión muy nuestra, confiamos en que, entre todos, podamos “afrontar con decisión la cuestión de la seguridad en la nueva movilidad compartida”, algo que aún no ha sucedido en la medida precisa.