Entre las sugerencias se menciona que las contribuciones totales sean lo suficientemente altas para lograr los objetivos de ingresos de jubilación y mecanismos de inscripción automática para ampliar la cobertura.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó 10 recomendaciones para el buen diseño de los sistemas de pensiones de Contribución Definida, sistema en el que se inscriben tanto las pensiones de capitalización individual (vigente en Chile) como los sistemas de reparto. Esto se da en la antesala del debate en la comisión de Derechos fundamentales de la Convención Constituyente sobre el tema la próxima semana, donde se votarán propuestas que van desde que se le dé rango constitucional a la propiedad de fondos de pensiones hasta que se entreguen todos los recursos de los cotizantes al Estado para su administración, terminando con las AFP.
Entre las recomendaciones destacan la opción de incrementos automáticos de la tasa de cotización, mecanismos de inscripción automática para ampliar la cobertura e incentivos financieros a la cotización, entre otras. Según el presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Pensiones (FIAP), Guillermo Arthur, las recomendaciones fortalecen la suficiencia de las pensiones que entregan los programas de capitalización individual y releva los incrementos de los aportes al ahorro en pensiones, ‘algo totalmente relevante en los países latinoamericanos donde la tasa de cotización a los sistemas de capitalización individual en promedio no supera el 10%, la mitad de la de los países de la OCDE’.
Las recomendaciones
Resiliencia y estabilidad en el largo plazo recomienda la OCDE para los sistemas de contribución definida, por lo cual los formuladores de política ‘deben evaluar regularmente los ingresos de jubilación actuales y potenciales teniendo en cuenta factores y riesgos económicos y demográficos más amplios’. Por lo anterior, sugiere que sean inclusivos en su diseño, considerando, por ejemplo, ‘la inscripción automática, que cubra a todos los empleados y posiblemente a los trabajadores por cuenta propia’. ¿Cómo? A través de incentivos financieros para promover el ahorro para la jubilación.
En la misma línea, se enfatiza ‘evitar los criterios de elegibilidad que puedan poner en desventaja a grupos específicos como las mujeres y las personas en formas de trabajo atípicas’ y —a propósito del uso anticipado de recursos para la pensión, con otros fines— ‘tener cuidado al considerar las características de diseño que pueden hacer que el ahorro para la jubilación sea atractivo (por ejemplo, garantías y acceso anticipado a los fondos), pero que pueden terminar reduciendo los ingresos de jubilación’. Otro de los planteamientos apunta a lo mencionado antes: que las contribuciones totales sean lo suficientemente altas para lograr los objetivos de ingresos de jubilación. En esa línea, recomienda opciones como ‘aumentos automáticos y graduales de las tasas de cotización pueden ayudar a los afiliados a alcanzar niveles de cotización adecuados a lo largo de su carrera’ y flexibilidad sobre el nivel y calendario de las contribuciones voluntarias, permitiendo que ‘las personas ahorren en función de su capacidad’.
Por lo mismo, sugiere comenzar más temprano la cotización ‘y posponiendo la jubilación mejora sus posibilidades de alcanzar los ingresos de jubilación deseados, particularmente cuando aumenta la esperanza de vida’. Un tema no menor en el documento tiene que ver con asegurar la protección contra el riesgo de longevidad. Así, los planes de pensiones ‘deben proporcionar algún nivel de ingresos de por vida como valor predeterminado para la fase de pago’, mediante, por ejemplo, ‘rentas vitalicias con pagos garantizados o acuerdos no garantizados en los que el riesgo de longevidad se agrupa entre los participantes’, aunque la elección del régimen dependerá del equilibrio del sistema. Asociado a lo anterior —y que generó un fuerte debate en Chile— también se menciona el uso de ‘supuestos de mortalidad apropiados y actualizados periódicamente’, con soluciones específicas, como, por ejemplo, ‘proporcionar un mejor valor a los grupos socioeconómicos bajos o aquellos con problemas de salud’.
Ahora bien, sobre los administradores del sistema —públicos o privados—, plantea que primero las normas fiscales no deberían desalentar a las personas a ahorrar para la jubilación, y que se deben promover arreglos de jubilación de bajo costo y rentables, así como estrategias de inversión específicas. ‘Las medidas para promover la rentabilidad deben equilibrar los beneficios de la competencia leal y las economías de escala’, en tanto que ‘las tarifas cobradas a los participantes deben alinearse con los costos en los que incurren los proveedores y el valor proporcionado a los participantes’, señalan. Un último punto tiene que ver con una comunicación que debe ser personalizada y regular, y educación financiera sobre jubilaciones y pensiones como estrategias nacionales.