América Latina avanza hacia un sistema de pensión universal

La pandemia está afectando las finanzas de los países y los sistemas de pensiones no serán la excepción.

El envejecimiento en América Latina es una realidad que cada día cobra más relevancia. Cerca de 57 millones de personas en la región tienen actualmente 65 o más años y las proyecciones de población de las Naciones Unidas indican que este grupo poblacional llegará en 2040 a 111 millones de personas.

Aproximadamente 1 de 5 latinoamericanos de este grupo de edad, unos 11,5 millones de personas, no accede a una jubilación o pensión.

El Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2021) de CAF –banco de desarrollo de América Latina- presenta un panorama similar: En la actualidad, en la región más de 8% de la población tiene 65 años de edad o más; para 2050, se estima que la cifra se duplicará, hasta alcanzar el 17,5%; y para finales de siglo, superará el 30%.

Al desafío demográfico se le suma a la alta informalidad. Hoy, la proporción de los trabajadores que pueden aportar al sistema para de protección social de los adultos mayores es superior al de Europa; no obstante, debido a la alta informalidad laboral, sólo 4 de cada 10 realiza aportes a la seguridad social.

La pandemia está afectando las finanzas de los países y los sistemas de pensiones no serán la excepción. Sostenibilidad, solidaridad y suficiencia son algunos de los pilares que tendrán las nuevas reformas previsionales a discutir en la post pandemia.

Los resultados positivos de las pensiones sociales o no contributivas en América Latina durante las últimas décadas marcan la hoja de ruta hacia una cobertura universal.

Entre 2000 y 2016, el número de países en la región con pensiones no contributivas pasó de 7 a 26 y en al menos 10 países la cobertura aumentó más de 20 puntos porcentuales.

Por su parte, un estudio de la Cepal evidencia que cerca del 20% de las personas de 65 años y más no se encuentran en situación de pobreza extrema gracias a los ingresos provenientes de los sistemas de pensiones, en especial de las pensiones no contributivas. Estas cifras destacan el importante rol de este tipo de pensiones como herramienta de disminución de la pobreza.

Suministrar una pensión mínima suficiente para todos los adultos mayores es una idea que cuenta con el respaldo de la opinión pública: según la Encuesta CAF de 2019, realizada en 10 de las principales ciudades de la región, en promedio, más de 75% de los encuestados está de acuerdo con que las pensiones otorguen un ingreso mínimo a todos los adultos mayores independientemente de cuánto hayan aportado.

Además de contar con buena aceptación, la pensión mínima financieramente tendría unos costos razonables para su implementación. “Lograr la universalización pagando, a quienes no tengan ningún tipo de ayuda, la pensión no contributiva principal que cada país tiene hoy vigente implicaría un gasto adicional de alrededor de 0,24% del PIB con la estructura demográfica de hoy y hasta 0,66 % del PIB con la estructura demográfica de 2065. Una pensión equivalente a la línea de pobreza implicaría un costo inclusive menor, salvo en aquellos países donde la pensión no contributiva es más baja que este valor. También es importante estructurar bien su diseño y su financiamiento para evitar desincentivos a la formalidad”, afirma Fernando Álvarez, economista senior de CAF y coeditor del RED 2020.

Por su parte, Alberto Arenas de Mesa, asesor regional y autor del estudio de la Cepal, sostiene: “Las políticas públicas vinculadas a los sistemas de pensiones deberían continuar y consolidar los aumentos de cobertura no contributiva ocurridos en las dos primeras décadas de este siglo y, de esta manera, en 2030 alcanzar una cobertura de al menos 40% con un nivel de prestaciones equivalente a una línea de pobreza, con el objetivo de eliminar la pobreza entre los adultos de 65 años y más en América Latina. El efecto fiscal de una política pública como la expuesta es en torno a 0,65% del PIB regional, que podría ser asumida en los próximos 10 años”.

GÉNERO Y TAMAÑO DE EMPRESAS

La equidad de género es un desafío estructural en la ecuación en la que los empleadores y trabajadores también juegan un rol fundamental. Según un informe de la OCDE, el Banco Mundial y el BID, la tasa media de participación de las mujeres en la fuerza laboral en América Latina es del 56% en comparación con el 83% para los hombres. La brecha de género varía desde el 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay hasta el 40% en Guatemala, Honduras y México.

La informalidad se encuentra fuertemente correlacionada con el tamaño y la productividad de las empresas. En las grandes empresas con más de 50 trabajadores, el 71% de los trabajadores contribuyen, en comparación con el 51% en las empresas medianas (de 6 a 50 empleados) y sólo el 24% en las pequeñas (menos de seis), que son la mayoría. Las transiciones frecuentes entre formalidad, informalidad e inactividad generan brechas de contribución significativas en las carreras de los trabajadores en la región, lo que puede poner en riesgo la adecuación de los futuros ingresos de jubilación, se explica en el informe.

La construcción de consensos amplios materializados en reformas pensionales estructurales será la base para garantizar la sostenibilidad financiera mediante ajustes en años de jubilación, montos de aportes a seguridad social por parte de empleadores y trabajadores, tasas de reemplazo y límites de beneficios, entre otras variables, que promuevan una cobertura universal con recursos suficientes para sacar a más latinoamericanos de la pobreza.

Nicolás Abrew, ejecutivo principal de Comunicación en CAF
Visiones del Desarrollo es una sección promovida por CAF -banco de desarrollo de América Latina- que analiza los principales temas del desarrollo de la región. Los artículos que contiene se publican simultáneamente en los principales medios de América Latina.