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Fitch plantea América Latina necesita “con urgencia” reformas pensionales
Escrito el 05 mar 2021
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La calificadora de riesgo, Fitch Ratings, publicó un documento en el cual afirma que América Latina necesita “con urgencia” sacar adelante reformas pensionales que estabilicen los sistemas e incrementen la cobertura.
“Los desafíos fiscales y los agravios sociales están agregando urgencia a una nueva ola de reformas de pensiones en América Latina que podrían ser relevantes para las calificaciones soberanas”, dijo Fitch.
Según la agencia, la población de América Latina todavía se encuentra entre las más jóvenes del mundo, pero está envejeciendo a uno de los ritmos más rápidos y sus patrones de ahorro se destacan por ser especialmente bajos dada la presión demográfica que se avecina.
A pesar de la necesidad de las reformas pensionales en la región, Fitch advierte que estos cambios enfrentarán desafíos después de años de debilitamiento del crecimiento, descontento social e informalidad persistente, todo ello agravado por el impacto del coronavirus.
“Los bajos ingresos de jubilación y la cobertura en general deficiente están haciendo que los regímenes privados de contribución sean un agravio social cada vez mayor”, dijo.
Fitch considera que Chile, Colombia, México y Perú aún enfrentan riesgos fiscales que sus sistemas privados de pensiones debían evitar y el desafío de aumentar los ahorros para la jubilación sin obstaculizar el crecimiento o la creación de empleo formal.
“La resistencia populista a los regímenes privados llegó a un punto crítico durante la crisis del coronavirus, lo que llevó a Chile y Perú a permitir retiros anticipados que se suman a sus problemas a largo plazo”, advirtió la calificadora.
El problema fiscal
Una de las principales debilidades que expone Fitch sobre los sistemas pensionales latinoamericanos es la insostenibilidad fiscal de los regímenes actuales.
“Las presiones de las pensiones son un factor clave para los problemas fiscales de los soberanos con regímenes pensionales públicos, lo que refleja el cambio demográfico, el daño adicional de la crisis del coronavirus y las contrarreformas populistas en algunos países”, dijo Fitch.
Agregó que las reformas paramétricas son una condición necesaria pero insuficiente para la consolidación fiscal estructural, como se ve en Brasil.
De hecho, indicó que las reformas pensionales y los ajustes fiscales serán necesarios para las calificaciones soberanas de distintos países de la región como Panamá y Uruguay.
“Los sistemas de pensiones subdesarrollados en los países más jóvenes de América Latina (por ejemplo, Paraguay, Guatemala) generalmente no presentan riesgos fiscales importantes. Pero la falta de impulso de la reforma podría obstaculizar el alza de las calificaciones, ya que las reformas de las pensiones que elevan el ahorro interno pueden tener repercusiones en la inversión, el crecimiento y el desarrollo del mercado de capital”; dijo.
La reforma pensional en Colombia
La reforma pensional, llamada “Protección a la vejez”, está dentro de la agenda legislativa del Gobierno, junto con la fiscal y la laboral, pero es la menos prioritaria de los tres grandes proyectos de ley que tiene pendientes la administración Duque, pues contiene cambios estructurales de fondo que pueden significar un desgaste político a un año de que haya nuevas elecciones.
Esta reforma pensional traería consigo cambios en el régimen público de pensiones (Colpensiones), con el fin de disminuir los subsidios que les entrega el Gobierno a las pensiones públicas y utilizar esos dineros en las ayudas a la población mayor.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha repetido en varias ocasiones que con los dineros que utiliza el Gobierno en los subsidios de las pensiones públicas se puede ampliar la cobertura y garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad de todo el país.
Estos cambios no significarían el final de Colpensiones, sino que ahora la compañía pasaría a operar como un fondo privado de pensiones, en el cual la pensión se calcula con base en el ahorro individual más los rendimientos de los afiliados.
La lucha por modificar el actual régimen de pensiones es dura y polémica, pues hay grandes sectores del Congreso que, históricamente, han estado en contra de los fondos de pensiones privados.
“Los desafíos fiscales y los agravios sociales están agregando urgencia a una nueva ola de reformas de pensiones en América Latina que podrían ser relevantes para las calificaciones soberanas”, dijo Fitch.
Según la agencia, la población de América Latina todavía se encuentra entre las más jóvenes del mundo, pero está envejeciendo a uno de los ritmos más rápidos y sus patrones de ahorro se destacan por ser especialmente bajos dada la presión demográfica que se avecina.
A pesar de la necesidad de las reformas pensionales en la región, Fitch advierte que estos cambios enfrentarán desafíos después de años de debilitamiento del crecimiento, descontento social e informalidad persistente, todo ello agravado por el impacto del coronavirus.
“Los bajos ingresos de jubilación y la cobertura en general deficiente están haciendo que los regímenes privados de contribución sean un agravio social cada vez mayor”, dijo.
Fitch considera que Chile, Colombia, México y Perú aún enfrentan riesgos fiscales que sus sistemas privados de pensiones debían evitar y el desafío de aumentar los ahorros para la jubilación sin obstaculizar el crecimiento o la creación de empleo formal.
“La resistencia populista a los regímenes privados llegó a un punto crítico durante la crisis del coronavirus, lo que llevó a Chile y Perú a permitir retiros anticipados que se suman a sus problemas a largo plazo”, advirtió la calificadora.
El problema fiscal
Una de las principales debilidades que expone Fitch sobre los sistemas pensionales latinoamericanos es la insostenibilidad fiscal de los regímenes actuales.
“Las presiones de las pensiones son un factor clave para los problemas fiscales de los soberanos con regímenes pensionales públicos, lo que refleja el cambio demográfico, el daño adicional de la crisis del coronavirus y las contrarreformas populistas en algunos países”, dijo Fitch.
Agregó que las reformas paramétricas son una condición necesaria pero insuficiente para la consolidación fiscal estructural, como se ve en Brasil.
De hecho, indicó que las reformas pensionales y los ajustes fiscales serán necesarios para las calificaciones soberanas de distintos países de la región como Panamá y Uruguay.
“Los sistemas de pensiones subdesarrollados en los países más jóvenes de América Latina (por ejemplo, Paraguay, Guatemala) generalmente no presentan riesgos fiscales importantes. Pero la falta de impulso de la reforma podría obstaculizar el alza de las calificaciones, ya que las reformas de las pensiones que elevan el ahorro interno pueden tener repercusiones en la inversión, el crecimiento y el desarrollo del mercado de capital”; dijo.
La reforma pensional en Colombia
La reforma pensional, llamada “Protección a la vejez”, está dentro de la agenda legislativa del Gobierno, junto con la fiscal y la laboral, pero es la menos prioritaria de los tres grandes proyectos de ley que tiene pendientes la administración Duque, pues contiene cambios estructurales de fondo que pueden significar un desgaste político a un año de que haya nuevas elecciones.
Esta reforma pensional traería consigo cambios en el régimen público de pensiones (Colpensiones), con el fin de disminuir los subsidios que les entrega el Gobierno a las pensiones públicas y utilizar esos dineros en las ayudas a la población mayor.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha repetido en varias ocasiones que con los dineros que utiliza el Gobierno en los subsidios de las pensiones públicas se puede ampliar la cobertura y garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad de todo el país.
Estos cambios no significarían el final de Colpensiones, sino que ahora la compañía pasaría a operar como un fondo privado de pensiones, en el cual la pensión se calcula con base en el ahorro individual más los rendimientos de los afiliados.
La lucha por modificar el actual régimen de pensiones es dura y polémica, pues hay grandes sectores del Congreso que, históricamente, han estado en contra de los fondos de pensiones privados.