Santo Domingo, D.N.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó en el marco del Foro Multisectorial de Seguridad Ciudadana los resultados de la segunda versión de su estudio “Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios”, que reafirma que para el 96% de las empresas la inseguridad ciudadana continúa siendo una alta preocupación pues afecta el clima de negocios.
El estudio analiza los costos que experimentan las empresas, específicamente su inversión inicial en servicios de seguridad, los gastos para mantener dichos servicios y el costo incurrido para recomponerse de los daños sufridos cuando son víctimas de delito. De igual forma, presenta un análisis de los tipos de delitos más frecuentes, del nivel de respuesta de las autoridades ante las denuncias realizadas por las empresas y de las distintas consecuencias de la inseguridad en términos de productividad, contrastando con la edición del estudio del 2017.
Victimización y percepción de las empresas
Un 78% de las empresas encuestadas considera que el sector donde opera es muy seguro o seguro, en contraste con el 59% que opinaba lo mismo en el estudio de 2017. Sin embargo, el 52% de las empresas encuestadas han sido víctimas de delitos en los últimos 5 años. De estas empresas, al 64% les ha ocurrido de 2 a 3 veces. Igualmente, el total de aquellas empresas que tienen menos de un año de establecidas han sido víctimas de una a dos veces. Los delitos más frecuentes son robo y hurto con armas y sin armas, daño a la propiedad física y estafa.
El 33% de las empresas encuestadas fueron víctimas de delitos cometidos por uno o varios empleados. En un 66% de estos casos las empresas desahucian en vez de despedir a los empleados que han cometido el delito, pagándoles sus prestaciones laborales. Esto refleja una falta de confianza en las autoridades dado los bajos niveles de respuesta y por los costos y tiempos que puede suponer mantener un caso en el sistema de justicia.
Gastos de las empresas por provincias
Los mayores niveles de respuesta para el estudio se concentraron en ocho provincias del país. De estas ocho provincias, se evidenció que las empresas que se encuentran en el Gran Santo Domingo, Santiago de Los Caballeros, La Vega, Barahona, San Cristóbal y La Romana han sido víctima de algún acto delictivo en los últimos 5 años y destinan en promedio entre RD$1.1 millones y RD$1.8 millones de pesos en seguridad. Esto incluyen la inversión inicial en seguridad, gastos para mantener dicho servicio y para recomponerse de los daños sufridos al ser víctimas de un delito.
Las empresas más afectadas
De igual forma, del total de las empresas encuestadas la carga de la inseguridad ciudadana continúa siendo mayor para las empresas Micro. Las empresas Micro gastan hasta RD$750,000 anualmente en servicios de seguridad y en mantener dichos servicios, lo cual se acentúa cuando son víctimas pues deben gastar para recomponerse de los daños del delito en promedio RD$376,000, esto representa un 27% de su facturación anual. Cabe resaltar que cuando se analizan específicamente los gastos de las empresas Micro que contestaron la encuesta en ambas ediciones, se evidencia que han aumentado su gasto promedio anual por la inseguridad en un 108% para el 2019.
Las empresas Grandes también se ven afectadas. La cantidad de las que han sufrido delitos ha aumentado en un 10% en comparación con el estudio del 2017, siendo también las más impactadas por delitos cometidos por empleados. Además, gastan RD$7.0 millones anualmente en servicios de seguridad y en mantener dichos servicios, a lo cual se suman unos RD$841,000 en promedio para recomponerse de los daños, lo que representa un 4% de su facturación anual.
Respuesta de las autoridades
Esta segunda versión del estudio refleja un estancamiento en los niveles de respuesta de las autoridades ante los delitos denunciados por las empresas, pues a pesar de que un 74% denunció los delitos que les fueron cometidos, en el 40% de los casos las empresas alegan que las autoridades no hicieron nada, lo cual ha empeorado significativamente si se compara con el 2017. Solo en un 2% de los casos denunciados el culpable fue atrapado y recibió condena, al igual que en el 2017.
Involucramiento del sector empresarial
A semejanza del 2017, los datos analizados en el 2019 reafirman como las principales consecuencias de la inseguridad la disminución del rendimiento laboral, el deterioro del clima de negocios y una reducción de la productividad de las empresas. Lo anterior como consecuencia de los daños económicos a las empresas y no menos importante por los daños emocionales y psicológicos de empleadores y colaboradores.
Es por ello que, el 92% de las empresas encuestadas considera que el sector privado debe involucrarse en temas de seguridad ciudadana (78% en 2017), lo que demuestra un alto nivel de consciencia respecto del rol que debe jugar el sector privado en la prevención y combate de la inseguridad. De aquí parte la motivación por la cual ANJE se encuentra realizando los esfuerzos necesarios en presentar soluciones sobre la base de recomendaciones que en alianza entre sector público y privado puedan ejecutarse, así como para la focalización de políticas públicas que mejoren el sistema de seguridad.
Este estudio fue realizado a nivel nacional con una muestra de 262 empresas multisectoriales, en más de 25 provincias, con información recabada entre el 29 de julio al 30 de agosto del 2019. Ejecutado en el marco del Proyecto Acción por la Seguridad y Justicia (PAJS), con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).