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El 76 % de población dominicana con acceso a un seguro de salud contra 22% a nivel mundial
Escrito el 08 nov 2018
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De ese 76%, la mayoría corrresponde a la cobertura gubernamental, ya que el Estado cubre a 4.2 millones de personas. Para la autoridad gubernamental, “el eficiente manejo económico del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ha permitido que el país haya pasado del penúltimo a los primeros lugares de cobertura en Latinoamérica”.
Pérez Modesto resaltó como “gran logro” en los 15 años de existencia del sistema ”la sostenibilidad financiera, garantizada por la transparencia y uso claro de los recursos”.
El funcionario abrió la serie de conferencias del XVII Congreso Latinoamericano de Salud que se efectuó hoy en la capital dominicana, con los auspicios de la Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de Salud (ALAMI) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
Pérez Modesto detalló que 4.2 millones de personas están afiliadas al Régimen Contributivo, de las cuales 1.9 millones son trabajadores asalariados y sus familiares.
Igualmente destacó que el “gasto de bolsillo” individual en salud llegó el año pasado a casi 42 de cada 100 pesos gastados (41.98 %), lo que, pese a lo alto del monto, es reducido en comparación al 75% que existía “antes de la reforma”; es decir, 75 pesos aportados por cada ciudadano de cada 100 pesos circulando en el sistema.
Sobre el detalle de la cobertura de estas 4.2 millones de personas, manifestó que el 95.5 % informó que la recibió en consultas, un 81.4 % en cirugía, 21.4 % para la recuperación de su salud y un 25.9 % “para evitar enfermarse”.
LOS RETOS DEL FUTURO
Pérez Modesto añadió que, sin embargo, “todavía existen retos como la Atención Primaria y Primer Nivel de Atención, las pensiones del Régimen Subsidiado, la revisión en aspectos claves de la Ley 87-01 que creó el SDSS, la aplicación del Decreto 229-18 que establece la simplificación de trámites para agilizar procesos y reducir costos para el ciudadano y el Estado, y mejorar prestaciones y beneficios del Plan Básico de Salud, las pensiones y los subsidios”.
También consideró como un reto por afrontar y vencer “el reforzamiento de la capacidad de combatir y sancionar la evasión y elusión en el sistema, fortalecer la regulación y supervisión hasta eliminar los co-pagos ilegales, fortalecer la calidad en los servicios de salud y capacidad de facturación en hospitales públicos e incrementar el financiamiento del Régimen Subsidiado”.
Igualmente, “definir la viabilidad de la implementación del Régimen Contributivo Subsidiado, incrementar la asimilación de la cultura de Seguridad Social, ampliar operaciones en todo el territorio nacional de instituciones públicas y privadas, y reducir hasta eliminar las ‘barreras de entrada’, como la falta de documentación o actualización de regulaciones”.
El funcionario destacó la garantía a disentir y no recibir castigo por ello que existe en la democracia de República Dominicana, al responder preguntas tras su conferencia en el XVII Congreso Latinoamericano de Salud que aludieron principalmente a la actual disputa que existe en el sector de la salud dominicana, vinculada a acusaciones del sector privado contra los “planes privatizadores” que se le achacan a quienes dirigen la política médica estatal.
Pérez Modesto resaltó como “gran logro” en los 15 años de existencia del sistema ”la sostenibilidad financiera, garantizada por la transparencia y uso claro de los recursos”.
El funcionario abrió la serie de conferencias del XVII Congreso Latinoamericano de Salud que se efectuó hoy en la capital dominicana, con los auspicios de la Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de Salud (ALAMI) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
Pérez Modesto detalló que 4.2 millones de personas están afiliadas al Régimen Contributivo, de las cuales 1.9 millones son trabajadores asalariados y sus familiares.
Igualmente destacó que el “gasto de bolsillo” individual en salud llegó el año pasado a casi 42 de cada 100 pesos gastados (41.98 %), lo que, pese a lo alto del monto, es reducido en comparación al 75% que existía “antes de la reforma”; es decir, 75 pesos aportados por cada ciudadano de cada 100 pesos circulando en el sistema.
Sobre el detalle de la cobertura de estas 4.2 millones de personas, manifestó que el 95.5 % informó que la recibió en consultas, un 81.4 % en cirugía, 21.4 % para la recuperación de su salud y un 25.9 % “para evitar enfermarse”.
LOS RETOS DEL FUTURO
Pérez Modesto añadió que, sin embargo, “todavía existen retos como la Atención Primaria y Primer Nivel de Atención, las pensiones del Régimen Subsidiado, la revisión en aspectos claves de la Ley 87-01 que creó el SDSS, la aplicación del Decreto 229-18 que establece la simplificación de trámites para agilizar procesos y reducir costos para el ciudadano y el Estado, y mejorar prestaciones y beneficios del Plan Básico de Salud, las pensiones y los subsidios”.
También consideró como un reto por afrontar y vencer “el reforzamiento de la capacidad de combatir y sancionar la evasión y elusión en el sistema, fortalecer la regulación y supervisión hasta eliminar los co-pagos ilegales, fortalecer la calidad en los servicios de salud y capacidad de facturación en hospitales públicos e incrementar el financiamiento del Régimen Subsidiado”.
Igualmente, “definir la viabilidad de la implementación del Régimen Contributivo Subsidiado, incrementar la asimilación de la cultura de Seguridad Social, ampliar operaciones en todo el territorio nacional de instituciones públicas y privadas, y reducir hasta eliminar las ‘barreras de entrada’, como la falta de documentación o actualización de regulaciones”.
El funcionario destacó la garantía a disentir y no recibir castigo por ello que existe en la democracia de República Dominicana, al responder preguntas tras su conferencia en el XVII Congreso Latinoamericano de Salud que aludieron principalmente a la actual disputa que existe en el sector de la salud dominicana, vinculada a acusaciones del sector privado contra los “planes privatizadores” que se le achacan a quienes dirigen la política médica estatal.