La palabra “pensión” no aparece ni una sola vez en el texto de la proposición de ley para crear la Agencia Catalana de Protección Social. El documento fue presentado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP y se trata de la primera de las tres llamadas “leyes de desconexión”. La norma solo deja la puerta abierta a más competencias que la Generalitat pueda tener en el futuro y se limita a organizar la gestión de parte de las 169 prestaciones sociales actuales del Gobierno autónomo.
El futuro de las pensiones en una Cataluña independiente fue uno de los temas que tensó la campaña de las últimas elecciones autonómicas. Casi 1,7 millones de catalanes reciben esta prestación y la crisis hace que muchas familias dependan de ese ingreso. La entidad antisoberanista Sociedad Civil Catalana hizo un buzoneo advirtiendo de que con la secesión el monto de las pensiones caería. Junts pel Sí respondió con otro escrito, firmado por Artur Mas y Oriol Junqueras, alegando que “no hay datos objetivos” que pongan en riesgo las pensiones. “No dejéis que jueguen con nuestros sentimientos”, decía la carta.