SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) presentó un análisis donde señaló la importancia de que el país se aboque a una “Reforma Policial Integral”, que disponga de medidas que transciendan hacia un cambio de cultura y gestión eficiente de la Policía Nacional, en adición a modificar la actual Ley Institucional de la Policía Nacional No. 96-04.
Basado en los datos proporcionados en el análisis, los jóvenes empresarios señalaron que los altos índices de delincuencia y violencia generalizada han obligado a las empresas a proveerse de equipos y personal de seguridad privada, generando costos adicionales que afectan su capital, además ha limitado la expansión y la inversión en distintas zonas de la geografía nacional. Este clima de inseguridad dificulta la realización de transacciones comerciales y traslados de mercancías, lo que en definitiva se traduce en bajos niveles de competitividad tanto en el ámbito local como internacional.
Para ANJE, actualmente la Policía Nacional se encuentra lejos de cumplir con su mandato constitucional y objetivos más intrínsecos. Por el contrario, entienden se caracteriza por el empleo excesivo de la fuerza; prácticas represivas y violaciones a derechos humanos; participación en actos delictivos; corrupción e impunidad; e ineficiencia en el ejercicio y cumplimiento en su labor preventiva e investigativa, lo que ha generado una alta desconfianza por parte de la ciudadanía y un clima de inseguridad para los sectores económicos del país.
En este sentido, como respuesta inmediata entienden oportuna una “Reforma Policial Integral”, que con mayores recursos administrados de forma eficiente, permitan a los agentes policiales adoptar y aplicar conocimientos técnicos en la prevención, control e investigación. No obstante las oportunidades de mejora que posee el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional sometido al Congreso Nacional, resaltaron como positiva la inclusión de mecanismos de control para el uso excepcional de la fuerza y la introducción de procesos de transparencia obligatorios sobre la ejecución presupuestaria de los organismos policiales.